Activision refuta las reclamaciones de la demanda de Uvalde, invocando las protecciones de la Primera Enmienda
Activision Blizzard ha presentado una sólida defensa contra las demandas presentadas por las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde, negando con vehemencia cualquier vínculo causal entre su franquicia Call of Duty y la tragedia. Las demandas de mayo de 2024 alegan que la exposición del tirador al contenido violento de Call of Duty contribuyó a la masacre en la escuela primaria Robb el 24 de mayo de 2022, donde murieron 19 niños y dos maestros. El tirador, un ex alumno de Robb Elementary, había jugado Call of Duty, incluido Modern Warfare, y usó un rifle AR-15, similar al armamento del juego.
La presentación de diciembre de Activision, con un total de 150 páginas, refuta todas las acusaciones. La compañía afirma la ausencia de una relación causal directa entre el juego y el tiroteo y solicita el despido en virtud de las leyes anti-SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) de California, diseñadas para proteger la libertad de expresión de litigios frívolos. La defensa enfatiza el estatus de Call of Duty como expresión constitucionalmente protegida bajo la Primera Enmienda, argumentando que las afirmaciones dirigidas a su "contenido hiperrealista" infringen este derecho fundamental.
El testimonio de un experto refuerza la defensa de Activision
En apoyo de su posición, Activision presentó declaraciones de figuras clave. Una declaración de 35 páginas del profesor de Notre Dame Matthew Thomas Payne contextualiza Call of Duty dentro de la tradición establecida de realismo militar en el cine y la televisión, contrarrestando directamente la caracterización del juego en la demanda como un "campo de entrenamiento para tiradores masivos". Además, una declaración de 38 páginas de Patrick Kelly, jefe creativo de Call of Duty, detalla el proceso de desarrollo del juego, incluido el importante presupuesto de 700 millones de dólares asignado a Call of Duty: Black Ops Cold War.
Las familias Uvalde tienen hasta finales de febrero para responder a la defensa integral de Activision. La batalla legal pone de relieve el debate en curso sobre la posible influencia de los videojuegos violentos en la violencia del mundo real, y el resultado de este caso tiene implicaciones significativas.
